Mediante la suspensión temporal de 2,248,143 líneas celulares con terminación 3, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sancionó a los titulares que no las asociaron a una Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del 30 de septiembre, fecha en que concluyó el plazo, según la nota de El Financiero basada en información del propio regulador. Hasta el 4 de octubre, el país contaba con 91,850,448 líneas ligadas a una identidad, cifra que representa 76.5 % de lo proyectado para todo el territorio; además, la CRT proyecta eliminar alrededor de 25 millones de números inactivos. La autoridad describe el padrón como instrumento para combatir fraude y extorsión; no obstante, la tarjeta informativa del 6 de octubre y el boletín 045/2026, que El Bolígrafo revisó, carecen de cualquier indicador sobre la frecuencia de esos delitos.
Dentro de la terminación 3 se vincularon 9,851,807 líneas, lo que equivale a 87.3 % de un universo estimado de 11.2 millones, conforme a lo asentado en el boletín 045/2026 de la CRT. Entre las suspendidas, 1,213,717 volvieron a tener servicio una vez concluido el trámite, y se espera que cerca de 1.4 millones más lo reactiven. Al suspenderse, la línea mantiene su número; al presentar el calendario, la CRT precisó que desde ella solo se puede marcar a servicios de emergencia, a atención ciudadana y a la propia compañía, además de recibir alertas sísmicas.
Pensar que el registro de líneas va a frenar la extorsión es desconocer cómo opera hoy el fraude. Los delincuentes ya no necesitan una SIM registrada en México para contactar a sus víctimas
Calendario de registro por último dígito
El fundamento de la obligación de vincular las líneas es el artículo 103 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación data del 16 de julio de 2025. Los concesionarios móviles únicamente pueden activar y mantener en operación las líneas de usuarios que exhibieron un documento oficial con su CURP o, tratándose de empresas, con su RFC; a las personas extranjeras se les admite el pasaporte.
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ubica el arranque del registro el 9 de enero de 2026. Conforme a El Financiero, Telcel y AT&T debían inscribir, antes del 30 de junio, una base superior a 130 millones de líneas activas. Para el 25 de junio ya se habían vinculado 63 millones (22.8 millones de pospago y 40.2 millones de prepago), y ese día la CRT dio a conocer un calendario que distribuyó entre agosto y diciembre los vencimientos de las líneas de prepago, de acuerdo con la última cifra del número. En ese boletín, el regulador escribió: «Por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión».
Para la terminación 0, el plazo expiró el 15 de agosto, de acuerdo con la CRT. Con corte al 19 de septiembre, el acumulado del país era de 86,561,385 líneas, 72.1 %, según el boletín de ese día.
De acuerdo con la CRT, los 25 millones que serán dados de baja son chips obsequiados que jamás se activaron, tarjetas de uso único de visitantes temporales y chips promocionales; de ellos, unos 2.5 millones corresponden al bloque del 3.
Ausencia de cifras sobre extorsión
Como respuesta a una nota del diario La Razón sobre el tránsito de usuarios hacia eSIM extranjeras, la CRT emitió el 6 de octubre una tarjeta informativa donde afirma que la vinculación, ya en 92.3 millones de líneas (76.9 %), progresa «cerrando los canales de anonimato que facilitaban el fraude y la extorsión telefónica para proteger a la ciudadanía junto con las autoridades de seguridad». El documento tampoco aporta datos de denuncias, de carpetas de investigación o de reportes a la línea 089 que permitan contrastar ese dicho.
Hay dos precedentes de padrones. R3D recordó en mayo de 2025 que, cuando se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) bajo el gobierno de Felipe Calderón, la extorsión creció 40 % y el secuestro 8 %. El otro, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), aprobado en 2021, requería datos biométricos; la Suprema Corte, en pleno, lo declaró inconstitucional el 25 de abril de 2022 por considerar vulnerados los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos, de acuerdo con R3D.
R3D, en el análisis que publicó en enero, citó a la Asociación GSM para plantear que no existe prueba de que el registro obligatorio de líneas reduzca esos delitos. En ese mismo mes, según El Financiero, el director general de la firma de ciberseguridad Silikn, Víctor Ruiz, afirmó que «más del 90 por ciento de los fraudes se cometen hoy mediante servicios de voz sobre internet y aplicaciones como WhatsApp». Añadió: «Pensar que el registro de líneas va a frenar la extorsión es desconocer cómo opera hoy el fraude. Los delincuentes ya no necesitan una SIM registrada en México para contactar a sus víctimas».
Custodia de la información
Distinto del Panaut, el esquema vigente no capta huellas dactilares ni iris. La plataforma oficial registratulinea.crt.gob.mx requiere identificación con CURP y prueba de vida, y precisa: «No te piden huella digital, ni iris o algún otro dato biométrico». Los datos permanecen con los operadores, pues, según la página, «Tu compañía telefónica recaba y protege de forma segura tu información».
El nombre asociado a cada línea se suma a lo que las empresas ya almacenan. Conforme al artículo 183 de la ley, durante 24 meses deben guardarse los registros que permiten identificar nombre y domicilio del suscriptor, origen y destino de cada comunicación, con su fecha, hora y duración, así como la celda que dio inicio al servicio y la ubicación geográfica de las líneas. En los primeros 12 meses, tales datos han de quedar disponibles para entrega inmediata a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. La ley prohíbe emplearlos con otras finalidades y se remite a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, expedida mediante el decreto del 20 de marzo de 2025, que otorgó la competencia a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y no al extinto INAI, que era autónomo. Para R3D, el registro carece de salvaguardas: advirtió que no se define con claridad qué autoridades pueden consultarlo y refirió una vulnerabilidad en el sistema de registro de Telcel que permitía ver datos personales vinculados a las líneas. Su abogada Ana Gaitán dijo en 2025: «El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil pone en riesgo nuestros datos personales a accesos no autorizados, ya sea por vulneración de datos o actos de corrupción cometidos por autoridades».
Un acceso indebido a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ocurrido el 30 de enero de 2026, dejó al descubierto nombres, RFC, CURP y fotografías de más de 90,000 agentes, de acuerdo con R3D. En agosto de 2025, la Global Network Initiative indicó que la ley de telecomunicaciones no prevé supervisión independiente ni autorización judicial para acceder a los datos, las mismas carencias que la Corte detectó en 2022, según R3D.
Plazos por vencer
Restan seis vencimientos, dos por mes hasta fin de año: en octubre, la terminación 4 el día 15 y la 5 el día 31; en noviembre, la 6 el 15 y la 7 el 30; en diciembre, la 8 el 15 y la 9 el 31. Las compañías están facultadas para suspender el servicio en las 72 horas posteriores a cada fecha límite. El trámite no tiene costo y puede hacerse en persona o en línea; las dudas se atienden en el 079, según ContraRéplica, que identifica a Norma Solano como presidenta de la CRT.
