Sheinbaum dedicó parte de su conferencia matutina del jueves 8 de octubre a restarle crédito a un reportaje de The Wall Street Journal, pero no refutó el hecho central que el diario le adjudica: haber cuestionado a su equipo de seguridad, en una reunión celebrada en Palacio Nacional, por el plan de congelar las cuentas de exfuncionarios vinculados con el gobierno de Baja California antes de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y haber dado luego su autorización. «Siempre regaño a todo mundo», respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Ni la reunión ni el congelamiento de cuentas merecieron una referencia específica.
El reportaje apareció el 7 de octubre. En su resumen de la nota, Vanguardia indica que el WSJ sostiene que Sheinbaum pidió explicaciones sobre el plan de congelar cuentas de exfuncionarios ligados al gobierno de Baja California, con particular dureza hacia Omar García Harfuch, quien encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según esa versión, la presidenta planteó la duda de si México debía asumir que Washington tenía pruebas firmes de los vínculos criminales de esas personas. Fuentes del diario afirman que al final dio su aval al congelamiento, a fin de no dañar la cooperación con Estados Unidos.
pura especulación
Respuesta presidencial y puntos omitidos
Su respuesta giró en torno a dos ejes: cómo es su trato con García Harfuch y qué confianza merece el periódico. Al citarla, El Universal recoge estas palabras: «No, no es regaño. Mi equipo sabe que siempre les digo: “no hay que ser autocomplacientes”». Sobre el medio agregó: «¡Pero sale en el Wall Street Journal! ¡Por Dios! O sea, viven de la mentira, del chisme».
Milenio recoge que la presidenta tildó el reportaje de «pura especulación» y que, en el mismo intercambio, se dijo «muy satisfecha, contenta, muy positiva de los dos años» de gobierno. En la versión de Vanguardia, aclaró que supervisar el desempeño del equipo «no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía» y que en la nota «no hay nada de fondo». Hacia las 12:28 h, de acuerdo con el minuto a minuto de Ámbito, agregó una frase más contra el diario: «Ya nadie los lee».
La mandataria desmintió su enojo con el titular de Seguridad y restó crédito al reportaje en términos generales, sin abordar los hechos que describe. Así lo consigna Vanguardia: Sheinbaum «no se refirió de manera específica al congelamiento de cuentas bancarias ni confirmó o descartó que hubiera ocurrido la reunión descrita por el diario estadounidense».
Sanciones de la OFAC del 29 de septiembre
El contexto que describe el WSJ tiene respaldo documental. Con fecha 29 de septiembre, el Tesoro, por conducto de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra la dirigencia del Cártel de Sinaloa y sus redes de corrupción: 21 personas y 25 empresas, entre las que figura Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco», a quien el Tesoro identifica como jefe de la facción de Los Mayos desde la detención de su padre en 2024.
Según el Tesoro, el esquema de «narcocorrupción» gira en torno a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora morenista de Baja California. El comunicado lo describe como operador político ligado al cártel y aliado de «El Ruso», Juan José Ponce Félix; afirma que aprovecha su influencia para resguardar a la organización frente a la intervención de autoridades en la entidad. Figuran asimismo designados su hermano Luis Alfonso Torres Torres, a quien se atribuye recibir sobornos y lavar dinero a través de empresas y campañas políticas, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de aceptar sobornos de «El Ruso» a cambio de que el cártel controlara la policía municipal. El texto recuerda además que el Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, y asegura que el esquema llegó a los niveles más altos del gobierno estatal. El documento no menciona por nombre a la gobernadora.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, añadió un mensaje para México: conforme al comunicado, la acción prueba que ningún capo, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero escapa al alcance de su dependencia. Ese texto tampoco refiere coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni con otra autoridad mexicana.
Bloqueo de cuentas en México
La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda, incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas, el mismo 29 de septiembre y a raíz de la designación de la OFAC, a 21 personas físicas y 25 empresas, entre ellas Zambada Sicairos y Carlos Alberto Torres Torres, informó Uno TV. El organismo aclaró que «esta acción administrativa no representa una determinación de responsabilidad penal» y que los incluidos pueden ejercer su derecho de audiencia y recurrir a los medios legales correspondientes.
El bloqueo concuerda con la decisión que el WSJ adjudica a la presidenta. En público, el gobierno no ha explicado con qué criterio se resolvió bloquear las cuentas de los Torres Torres y de los demás señalados, ni si en la reunión descrita por el diario se discutió qué tan sólidas eran las pruebas de Washington.
Posición del gobierno estatal e investigación de la FGR
El mismo día de las sanciones respondió el gobierno de Baja California. Expansión consigna que aclaró que la gobernadora y Torres Torres «están legalmente divorciados» y que lo único que los une es el bienestar de su hijo; que ella no está entre los sancionados por la OFAC; que pidió a la Oficialía Mayor revisar si las empresas mencionadas tuvieron contratos con el Ejecutivo estatal, y que «las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes».
La FGR ya investigaba a Carlos Torres. En enero, la gobernadora misma confirmó que la Fiscalía General de la República indaga al exesposo por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, y dijo que no se involucraría en el proceso.
