El Senado de la República debe condicionar su voto sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2027 a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique cuántos contribuyentes y cuántos pesos abarca la eliminación del tope de 300 millones de pesos de ingresos anuales para acogerse al Programa de Regularización Fiscal. Esa es la posición de El Bolígrafo, y se apoya en un hecho verificable: las estimaciones públicas sobre el alcance de la medida difieren entre sí por un factor de entre 7.5 y 10.
Una reserva aceptada entre 426
En la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027 con 340 votos a favor y 109 en contra; en lo general, el miércoles 14, la votación había sido de 331 a favor y 118 en contra (Bloomberg Línea; Infobae). De las 426 reservas presentadas en la discusión en lo particular, Milenio informa que se aceptó una, equivalente a 0.2 % del total: la del coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que suprime el tope de 300 millones de pesos que limitaba el acceso al programa en 2027.
La valoración de El Bolígrafo es que un paquete que declara no crear gravámenes, y que enfrenta un costo financiero creciente, debe mostrar también lo que renuncia a cobrar
El programa permite a los contribuyentes con adeudos fiscales obtener reducciones de multas, recargos y gastos de ejecución. Con la reserva aprobada, según Red Financiera, puede acogerse cualquier contribuyente con adeudos, sea persona física o moral. Monreal describió la condición en estos términos: «Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución.» (Infobae). Y agregó: «No hay exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales» (La Política Online).
Ambas frases son declaraciones de quien presentó la reserva.
Cifras de alcance que no concilian
Monreal sostuvo que «La ampliación del Programa de Regularización Fiscal beneficiará potencialmente a 30 millones de personas físicas y morales» y que incluiría a unos 16,000 grandes contribuyentes (Milenio). Infobae recoge un alcance potencial de unos 30 millones de contribuyentes, 2.5 millones de personas morales y 16 mil grandes contribuyentes que aportan unos 2.3 billones de pesos (2.3 millones de millones), sin que la nota precise el periodo de esa aportación (Infobae). El Canal del Congreso, medio oficial de la Cámara, habla en cambio de entre 3 y 4 millones de entidades y de una fecha límite de adhesión al 1 de enero de 2028 (Canal del Congreso). Frente a 30 millones, una cifra de 3 a 4 millones resulta entre 7.5 y 10 veces menor (cálculo de El Bolígrafo).
| Fuente y concepto | Cifra |
|---|---|
| Monreal, personas físicas y morales potencialmente beneficiadas | 30 millones |
| Canal del Congreso, entidades beneficiadas | 3 a 4 millones |
| Monreal, grandes contribuyentes incluidos | 16,000 |
| Monreal, contribuyentes beneficiados con la versión anterior, con tope | 38,000 |
| Monreal, monto recuperado con la versión anterior | 6,500 millones de pesos |
Los dos últimos datos de la tabla son los únicos que describen resultados efectivos, y corresponden a la versión del programa que sí tenía tope. Divididos, dan un promedio de unos 171 mil pesos recuperados por contribuyente (6,500 millones entre 38,000, cálculo de El Bolígrafo). Esa es la única base de comparación disponible, y no permite proyectar el efecto de la versión sin tope: las unidades que manejan las fuentes (personas, entidades, contribuyentes, grandes contribuyentes) no son homogéneas, y cualquier extrapolación sería arbitraria.
Criterio: condiciones de pago, costo y trato entre contribuyentes
Un programa de regularización fiscal se juzga, a criterio de El Bolígrafo, por tres cosas que pueden verificarse antes de votarlo. La primera es la condición de pago: el programa resulta defendible en la medida en que exija cubrir el impuesto principal, como afirma Monreal, y esa exigencia debe constar en el texto de la ley, con independencia de lo que declare un legislador. La segunda es el costo: una reducción de multas, recargos y gastos de ejecución disminuye ingresos que el fisco podría haber cobrado, y su magnitud debe estimarse antes de la votación y no después. La tercera es el trato entre contribuyentes: quien pagó a tiempo no recibe nada, y esa diferencia solo puede valorarse sabiendo cuántos contribuyentes se benefician y de qué tamaño son.
La oposición ha cuestionado la medida por otro camino. El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Federico Döring la calificó de «un borrón y cuenta nueva inconstitucional», y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Emilio Suárez Licona la consideró técnicamente incorrecta, según Milenio. El PRI sostuvo además que lo que se presenta como estímulo opera como condonación. La constitucionalidad corresponde decidirla a los tribunales, y este dictamen no la resuelve. Lo que sí puede afirmarse es que, con independencia de la calificación jurídica, las tres condiciones anteriores requieren datos que no figuran en fuentes públicas.
El marco fiscal de 2027
La LIF 2027 estima ingresos totales por 10.636 billones de pesos (10.6 millones de millones), de los cuales 6.264 billones son tributarios, es decir 58.9 % del total (cálculo de El Bolígrafo sobre cifras del Canal del Congreso). El paquete que Hacienda entregó el 8 de septiembre plantea un déficit de 3.9 % del producto interno bruto (PIB) para 2027, frente a 4.1 % estimado para 2026 (Senado de la República). Bloomberg Línea estima el costo financiero de la deuda en alrededor de 1.5 billones de pesos, 11.8 % más en términos reales y cerca de 4 % del PIB; otras notas dan cifras de entre 1.5 y 1.67 billones (1.5 y 1.67 millones de millones) según el concepto.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que «el Paquete Económico para 2027 no contempla nuevos impuestos» (Argón México). La valoración de El Bolígrafo es que un paquete que declara no crear gravámenes, y que enfrenta un costo financiero creciente, debe mostrar también lo que renuncia a cobrar; sin esa cifra, la afirmación sobre los impuestos solo puede evaluarse a medias. Monreal dijo en el pleno que Hacienda le hizo saber del tema antes de presentar la reserva (El CEO). Esa mención no equivale a una estimación pública.
Petición al Senado
Se solicita al senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que antes de la votación de la LIF 2027, cuyo plazo vence el 31 de octubre de 2026, requiera por escrito al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, una estimación que se haga pública con cuatro datos: cuántos contribuyentes y cuántos grandes contribuyentes podrían acogerse al programa sin el tope, qué monto de adeudos comprende, cuánto se estima recaudar y cuánto se dejaría de cobrar en multas y recargos, y cuál es la fecha límite de adhesión. Si el Senado modifica el texto, la ley regresa a la Cámara de Diputados, cuyo coordinador de Morena prevé discutir el Presupuesto de Egresos del 9 al 13 de noviembre, con plazo constitucional al 15 de noviembre (El Universal).
