Los dos procesos penales abiertos contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, deben dar a conocer bajo qué autorización o protocolo actuaron agentes extranjeros en un operativo en la sierra Tarahumara, y deben hacerlo sin vulnerar la presunción de inocencia del imputado. El Bolígrafo adopta esa posición ante un asunto en el que, al lunes 19 de octubre de 2026, hay dos órdenes de aprehensión, dos jurisdicciones y una pregunta sin respuesta pública.
Dos órdenes de aprehensión el mismo sábado
El sábado 17 de octubre, a las 10:20 horas, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo a Jáuregui en cumplimiento de una orden firmada el 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición (Infobae; Pie de Página). Durante un receso de la audiencia estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó una segunda orden, de carácter federal, por traición a la patria. La FGR le atribuye, en su comunicado del 17 de octubre citado por Infobae, que «habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional»; la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, informó de más de 100 actos de investigación.
Se trata de imputaciones. Ninguna ha sido probada en sentencia, y los delitos que se atribuyen a Jáuregui son, hasta ahora, acusaciones de dos fiscalías.
El domingo 18 de octubre, el juez estatal descartó la prisión preventiva y fijó medidas cautelares: firma mensual, entrega de pasaporte y visa y prohibición de contactar testigos. Después, agentes de la FGR lo detuvieron por la orden federal. Según La Jornada Maya, ingresó el 19 de octubre al penal federal de El Altiplano, y la jueza federal Mariana Vieyra Valdez resolverá su situación jurídica. Zeta informa que la audiencia estatal continúa el 22 de octubre.
Se trata de imputaciones. Ninguna ha sido probada en sentencia, y los delitos que se atribuyen a Jáuregui son, hasta ahora, acusaciones de dos fiscalías.
El operativo de abril y sus irregularidades señaladas
El origen es el operativo del 17 y 18 de abril de 2026 contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Participaron dos estadounidenses, presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sin autorización del gobierno federal. El 19 de abril murieron cuatro personas al caer un vehículo a un barranco, entre ellas, según Infobae, dos agentes estatales y los dos estadounidenses; El Financiero describe de otra forma a los fallecidos.
Infobae documenta irregularidades que señalan las autoridades: no existía carpeta de investigación previa al operativo, no hubo entrega formal de la escena y de los indicios con cadena de custodia, y los dos estadounidenses habían visitado en varias ocasiones instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. Jáuregui renunció a la fiscalía el 27 de abril, y el 24 de abril se había creado una unidad especial de investigación. La Fiscalía General del Estado expuso así su posición institucional: «el resultado del operativo, aunque permitió desmantelar un laboratorio clandestino, no justificaba actuar fuera de la ley». Es la tesis de una de las partes acusadoras y deberá probarse ante el juez.
Posiciones públicas y límites de cada una
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia del 19 de octubre, calificó de irresponsable al exfiscal, reconoció a la Fiscalía de Chihuahua por proceder contra él y dijo que no hay pruebas de que la gobernadora Maru Campos haya ordenado el operativo (Presidencia de la República). Es una valoración política de la titular del Ejecutivo y no una determinación judicial; la responsabilidad penal de Jáuregui la decidirán los jueces. Campos, por su parte, afirmó que él y otros actuaron por su cuenta y que ella no sabía de la participación de agentes extranjeros, según Infobae.
El abogado, la esposa y simpatizantes panistas de Jáuregui acusan a la gobernadora de traición y de querer frenar su aspiración a la candidatura por la alcaldía de la capital estatal; unos cien simpatizantes se manifestaron el 18 de octubre frente al Poder Judicial del estado (Zeta). Ninguna autoridad ha acreditado esas imputaciones contra la gobernadora, y este dictamen no las evalúa. Chihuahua figura entre las 17 gubernaturas que se renovarán en las elecciones del 6 de junio de 2027 (Instituto Nacional Electoral), circunstancia que da contexto electoral a un expediente que debe resolverse con pruebas.
Criterio: la pregunta institucional
El Bolígrafo juzga el asunto con tres criterios. El primero es la presunción de inocencia: las acusaciones son de las fiscalías y las valoraciones de funcionarios no sustituyen una sentencia. El segundo es la claridad de competencias: el mismo hecho produce un proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y otro federal por traición a la patria, con jueces distintos, y la ciudadanía necesita saber cómo se coordinan para que no se contradigan ni se dupliquen. El tercero es la rendición de cuentas sobre la cadena completa de decisiones: un operativo de esta naturaleza supone órdenes, autorizaciones o ausencias de ellas en más de un nivel, y establecer si alguien lo autorizó, bajo qué protocolo y con qué registro no se agota en la persona que dirigía la fiscalía.
Esa tercera pregunta sigue abierta. Quién autorizó la participación de los estadounidenses y bajo qué protocolo continúa sin acreditarse públicamente. Infobae reporta una orden de aprehensión contra otro exfuncionario de la fiscalía estatal, y la presidenta señaló que la FGR investiga también a Jáuregui por otros delitos no relacionados con este caso.
Petición a la Fiscalía General de la República
Se solicita a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que informe públicamente, en la medida en que lo permita la reserva de la investigación, tres cosas: el estado de las dos investigaciones que la dependencia mantiene abiertas sobre el laboratorio y sobre la presencia de agentes extranjeros, según El Financiero; si el expediente examina la cadena de autorizaciones y registros del operativo y no únicamente la conducta de un servidor público; y cómo se coordina con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para evitar resoluciones incompatibles. La jueza federal Mariana Vieyra Valdez deberá resolver la situación jurídica del imputado.
