Que México y Estados Unidos cooperen en seguridad no puede depender de la sintonía personal entre un gobernador y quien ocupe la embajada, ni a lo que se presente cada mañana en Palacio Nacional. Requiere normas consultables por cualquier persona y un registro público de las autorizaciones concedidas. La academia policial cuya construcción inició Querétaro junto con la embajada evidencia la ausencia de ambos elementos: el gobierno estatal procedió como si el trámite no existiera y el federal, en vez de aplicarlo, lo trasladó a la conferencia matutina.
Primera piedra sin participación federal
La Academia Internacional de Capacitación Policial tuvo su primera piedra el viernes 2 de octubre, puesta por el embajador Ronald Johnson y el gobernador Mauricio Kuri en el complejo Rhino, que alberga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. Conforme a Infobae, el costo de la obra superará los 30 millones de pesos y su conclusión se prevé para enero de 2027. El embajador dijo que sería la primera de su tipo en México y Latinoamérica, para formar en la detección de delitos con drogas, armas, dinero y contrabando, y añadió que especialistas de agencias estadounidenses ya imparten entrenamientos en Querétaro. Al acto concurrieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, y el fiscal estatal. De acuerdo con la presidenta, no hubo invitación para la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Un trámite lento justifica exigir que se agilice y se transparente, pero no habilita a omitirlo.
En su conferencia del lunes 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no cree que se haya cometido un delito. Sostuvo, con todo, que el gobernador tiene que dar explicaciones, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México. Por separado, el canciller hablará con el gobernador y con el embajador.
Fundamento legal del trámite
La objeción descansa en el texto de la ley. Los estados tienen vedado, por el artículo 117 de la Constitución, celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. A ello se suma que, desde diciembre de 2020, dos meses después de la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, la Ley de Seguridad Nacional ordena el trato con agentes extranjeros. Su artículo 70 impone a los servidores públicos estatales la entrega, dentro de los tres días siguientes, de un informe escrito sobre cualquier reunión, llamada o intercambio de información con tales agentes; los destinatarios son la SRE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Exige también que el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, que preside la cancillería, autorice las reuniones de antemano y que a ellas asista un representante de la SRE. Conforme al artículo 71, los agentes extranjeros no pueden realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la SRE o de las dependencias que los convenios señalen.
Si es cierto lo que dijo el embajador y especialistas de agencias estadounidenses ya capacitan a policías queretanos, cabe preguntar cuántas de esas sesiones se informaron y cuántas se autorizaron. El propio Johnson, que presentó cartas credenciales en mayo de 2025 y fue boina verde y funcionario de la CIA, sabe distinguir entre un canal diplomático y una ceremonia con un gobernador. Sheinbaum envió una nota diplomática de protesta en abril, después de que dos agentes de la CIA murieran en Chihuahua durante un operativo antidrogas llevado a cabo sin aviso previo al gobierno federal, según la biografía de Johnson en Wikipedia.
Argumento de la postura contraria
A favor de la administración estatal puede decirse algo razonable. Buena parte del trabajo policial recae en los estados; sus corporaciones necesitan un adiestramiento que la Federación no siempre ofrece, y el gobierno federal colabora todos los días con agencias de Estados Unidos. Si el trámite resulta lento o incierto, un gobernador puede alegar que esperar la autorización equivale a no capacitar a nadie.
El argumento tiene peso, pero resulta insuficiente. Un trámite lento justifica exigir que se agilice y se transparente, pero no habilita a omitirlo. Si la política de seguridad exterior se arma entidad por entidad, el país queda frente a un solo interlocutor con 32 voces distintas, y ese interlocutor además presiona: de acuerdo con Al Jazeera, Washington ha enviado unos 500 soldados a la frontera tras un presunto tiroteo desde territorio mexicano que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina afirman no haber detectado.
Palacio Nacional también queda alcanzado por el reproche. Llevar un caso a la conferencia matutina, por justificado que sea, no reemplaza a un procedimiento. Quien incumple el artículo 70 se expone, según la ley, a responsabilidad administrativa o penal. Corresponde a las instancias previstas determinar si existió una falta; de no existir, el señalamiento público ocupa el lugar de la autoridad. En su revisión, El Bolígrafo no localizó un registro público de lo que el Grupo de Alto Nivel ha autorizado a los estados, con qué criterios ni en qué plazos. Sin él, nada permite comprobar que la norma rige igual para un gobernador del PAN que para uno de Morena.
Obligaciones de cada parte
Del gobierno de Querétaro cabe esperar la divulgación de los acuerdos firmados con la embajada o con agencias de Estados Unidos, la procedencia de los más de 30 millones de pesos que cuesta la obra, el nombre de las agencias que darán los cursos y los informes presentados con arreglo al artículo 70. De no contar con la autorización que, según la presidenta, necesita una academia internacional, tendría que pedirla por escrito a la SRE.
A la cancillería, que encabeza el Grupo de Alto Nivel, le tocaría dar a conocer las reglas de ese órgano, un padrón de los proyectos de cooperación con estados y municipios que haya aceptado o negado y un plazo máximo de respuesta. La embajada, por su parte, tendría que tramitar por la SRE sus programas con gobiernos locales, como ordena la ley. Y el Senado, que según la Constitución analiza la política exterior, podría requerir a la cancillería un informe sobre este caso y sobre el de Chihuahua.
Quedan por verificarse, antes de que la obra concluya en enero de 2027, la publicación de los acuerdos con la embajada, la entrega de los informes del artículo 70 y las explicaciones que el gobernador debe dar, según la presidenta.
