Desde Palacio Nacional, cuatro generales expusieron el jueves 8 de octubre la situación de cuatro empresas del Estado: una aerolínea, un aeropuerto, un tren y un consorcio que reúne doce aeropuertos, hoteles, parques y gasolineras. Sus exposiciones incluyeron pasajeros, rutas, toneladas de carga y litros de combustible, y el AIFA agregó una proyección de ingresos y costos de operación. Ninguno precisó cuánto pierde su empresa, cuántos recursos públicos recibe ni quién verificó las cifras. Una conferencia matutina no equivale a un informe financiero. Mexicana, el AIFA, el Tren Maya y Grupo Mundo Maya están en condiciones de remitir a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación sus estados financieros dictaminados y el costo fiscal de cada una, y deberían hacerlo.
Contenido de las exposiciones
Leobardo Ávila Bojórquez, general y director de Mexicana de Aviación, indicó que desde su inicio la aerolínea ha transportado 1,276,152 pasajeros, 31 % más en lo que va de 2026 que en 2025. La flota consta de 10 aviones, que serán 12 a fin de año, y la oferta de asientos crece 83 % desde junio. Informó además de 847 empleos directos. Por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general brigadier Isidoro Pastor Román citó 22.6 millones de pasajeros acumulados, 179,505 operaciones y el primer lugar nacional en carga aérea, con más de 1.35 millones de toneladas. El general brigadier Manuel Jaime Ramírez Camacho refirió 2,944,289 pasajeros del Tren Maya en 1,554 kilómetros de vía. Los activos de Grupo Mundo Maya, según el general de división Ricardo Flores González, son 12 aeropuertos, 7 hoteles, 4 parques, 2 museos, 13 estaciones de combustible y 5 gasolineras.
Los cuatro omitieron pérdidas, subsidios y transferencias del presupuesto.
Información ausente
La única proyección financiera de Mexicana consistió en una fecha. De acuerdo con la crónica de Excélsior, su director afirmó que la aerolínea llegará al punto de equilibrio y a la rentabilidad desde 2030, con base en un plan «perfectamente establecido». Ese plan no se exhibió: faltaron los supuestos de ocupación, las tarifas y el costo de las aeronaves por incorporar. La empresa ya había dado esa misma fecha en enero de 2025, conforme a El País. A 2030 le faltan poco más de tres años y la aerolínea opera desde diciembre de 2023.
Lo poco que se conoce sobre su costo no procede de la mañanera. En enero de 2025, El País reportó que, de enero a septiembre de 2024, los gastos de operación de Mexicana rebasaron los 1,700 millones de pesos; por venta de boletos la aerolínea captó 243.1 millones y del Gobierno recibió más de 1,474 millones, además de otras aportaciones fiscales. El mismo diario indicó que acababa de cancelar 8 de sus 17 rutas. Si entonces la empresa obtenía seis pesos del erario por cada peso vendido en boletos, el dato actualizado era lo primero que debió informarse el jueves.
El AIFA aportó más información, aunque tampoco completa. Uno TV consigna que para 2026 se proyectan ingresos de 3,308.7 millones de pesos y costos de operación de 2,800 millones. Se trata de un margen operativo, que excluye la amortización de la obra y lo que el aeropuerto representa para el presupuesto federal. El «punto de equilibrio financiero» que, según su director, el AIFA alcanzó en el primer trimestre de 2024 tampoco indica si la inversión se recupera.
Sobre el Tren Maya no se presentó ningún dato de ingresos. Su proyección, según Uno TV, coloca el punto de equilibrio económico en el largo plazo, «de 2032 en adelante», y establece para 2030 una meta de 4 millones de pasajeros; desde su inicio en 2023 suma 2.94 millones, con 42 trenes y 1,554 kilómetros de vía. Sin tarifa promedio ni costo de operación, no es posible calcular cuánto aporta el contribuyente por cada boleto. En cuanto a Grupo Mundo Maya, que integra aeropuertos, hoteles, parques y venta de combustible, no se conoce su resultado consolidado.
Argumentos a favor de estas empresas
Existe una defensa sólida de estas empresas que merece reconocerse. La infraestructura de transporte pocas veces es rentable durante sus primeros años, en México y en otros países, y los trenes de pasajeros casi nunca lo son. Una aerolínea estatal puede atender rutas que ninguna empresa privada cubre, y un aeropuerto puede justificarse por la carga que mueve y el empleo que genera aunque jamás recupere lo invertido. Pedir utilidades a un servicio público sería un error.
Ese argumento, sin embargo, reclama más transparencia y no menos. Un subsidio es una decisión legítima de política pública solo si tiene monto, destino y responsable, y su aprobación corresponde a la Cámara de Diputados al votar el Presupuesto de Egresos. Si Mexicana o el Tren Maya necesitarán transferencias durante años, el Congreso debe conocer su cuantía y los usos alternativos con los que compite. El 6 de octubre, la Suprema Corte declaró constitucionales las reformas que permiten asignar aeropuertos y transporte aéreo a empresas paraestatales sin licitación, base legal con la que la Defensa opera Mexicana y 13 aeropuertos, según se reportó. La propiedad militar es legal; la rendición de cuentas continúa pendiente, y no se satisface con diapositivas de pasajeros.
Requerimientos al Congreso y a la Auditoría
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados cuenta con una oportunidad inmediata, pues, conforme al artículo 74 de la Constitución, el Presupuesto de Egresos de 2027 debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre. Antes de esa fecha tendría que citar a los cuatro directores y solicitarles por escrito los estados financieros de 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, dictaminados por un auditor externo; el monto de las transferencias, aportaciones de capital y subsidios que cada empresa recibió por conducto de la Defensa o de Hacienda; las pérdidas acumuladas, y el plan de negocio con sus supuestos mediante el cual Mexicana promete ser rentable en 2030.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación debe incorporar auditorías de desempeño y financieras de las cuatro empresas a la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y divulgar los resultados sin reservas generales. Las cifras que los generales ofrecieron el jueves, si son favorables, resistirán una auditoría. Si no la resisten, el país debe saberlo antes de aprobar otro año de recursos públicos para ellas.
