Hace desde fines de febrero que en cientos de colonias de la zona conurbada de Guadalajara el agua sale de la llave con tono café, amarillo o negro. Para reclamar agua limpia, miles de personas marcharon el domingo 11 de octubre desde la Minerva hasta Casa Jalisco, y la marcha terminó disuelta con gas lacrimógeno y chorros a presión. Ni el derecho humano al agua, que consagra el artículo 4 constitucional, ni el derecho a protestar sin ser agredido son favores del poder. El gobierno encabezado por Pablo Lemus responde por ambos: por haber incumplido el primero durante más de siete meses y por la forma en que atendió el segundo en una sola tarde.
Más de siete meses de turbiedad
En marzo, el SIAPA admitió la presencia de agua café y de mal olor en alrededor del 10 % de las 1,840 colonias que atiende y lo achacó a descargas irregulares dentro del Sistema Antiguo, vigente desde 1956. Por vía de transparencia se obtuvo registro de reclamos en 475 colonias durante el lapso de enero de 2025 a enero de 2026; el organismo aceptaba entonces 176. La Junta de Gobierno aumentó después a 342 el número de colonias beneficiadas con un descuento del 80 %, entre las que se cuentan Jardines del Bosque Centro, Chapalita Sur, Country Club y Providencia. Por su parte, la CEDHJ, que desde 2019 recibe quejas, asegura tener ubicadas 600. El problema no queda confinado a la periferia.
una cosa es contener y otra cosa es reprimir
La NOM-127 fija en 3 el límite de turbiedad, y especialistas de la UdeG registraron hasta 40 unidades. Un monitoreo ciudadano, realizado con apoyo técnico del ITESO y de Resistencia Civil por el Valle, arrojó que en 41 de 42 muestras el cloro residual era inadecuado; además, 2 de las 21 pruebas bacteriológicas dieron positivo a E. coli, una bacteria que las normas sanitarias no admiten en el agua potable.
Las autoridades de salud han enviado mensajes contradictorios. En julio, Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, sostuvo que «no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel». Al mismo tiempo, esa misma dependencia aconsejó usar agua embotellada o de garrafón en la bebida, la cocina, la preparación de alimentos e incluso el aseo dental. En la Recomendación 10/2026 de la CEDHJ se citan datos de la misma Secretaría de Salud: al cierre de la semana epidemiológica 7, la enfermedad diarreica aguda en el área metropolitana llevaba desde la semana 6 por encima del promedio de siete años, aunque sin alcanzar la zona de brote. Respecto de padecimientos cutáneos existen casos documentados, entre ellos el de una residente de Jardines del Bosque que recibió betametasona inyectable por urticaria aguda; también una consulta ciudadana del IMDEC, sin valor de muestra representativa, en la cual comezón, dermatitis y ronchas conforman el 66 % de los testimonios de daños a la salud. La ausencia de una estadística oficial sobre dermatitis no exime a nadie; levantarla es tarea de Salud Jalisco.
Omisiones atribuibles a funcionarios concretos
Lemus removió en marzo a Antonio Juárez de la dirección del SIAPA y afirmó que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así». Ismael Jáuregui Castañeda, quien lo relevó el 1 de abril, no ha comparecido ante los diputados desde que asumió, y en julio no se presentó por tercera ocasión en la Comisión de Hacienda. MC y el PVEM se oponen a las iniciativas para auditar al SIAPA, que siguen detenidas. Con 20 votos contra 13, MC, PAN, PVEM y PRI impidieron en julio que el titular de Salud acudiera al Congreso. Según la CEDHJ, el gobierno no ha cumplido con la recomendación que emitió en 2022. Ya en octubre, Lemus habló de «una crisis de agua potable sin precedentes».
Los hechos frente a Casa Jalisco
El gobierno estatal informó que la marcha «se realizó de manera pacífica y ordenada, convocando a alrededor de 10 mil ciudadanos». Cerca de las 12:54 h, algunos participantes quitaron las vallas colocadas en torno a Casa Jalisco; a partir de las 13:10 y hasta las 14:30 h, los antimotines de la Policía Estatal disolvieron la concentración con gas lacrimógeno y agua a presión. Mario Carbajal, periodista, terminó en un hospital con lesiones faciales: una bomba de gas lanzada por elementos de seguridad le dio de lleno. Según la Fiscalía, los detenidos suman 39; las organizaciones los cuentan entre 51 y 52. Amnistía Internacional denunció «uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas». Por su parte, la madre de Mariana Jovel Mora relata que varios policías la tiraron al suelo y la patearon en repetidas ocasiones; presenta fractura nasal. La denuncia sobre el empleo de balas de goma corresponde al CEPAD y carece de confirmación oficial. Ninguna de las fuentes consultadas informa de personas fallecidas.
En términos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito». Si la manifestación se torna violenta, la ley dispone que intervengan agentes con capacitación en negociación; cada agente que recurra a la fuerza debe rendir un informe pormenorizado; y los mandos que sepan del uso ilícito de la fuerza y no lo frenen ni lo denuncien incurren en responsabilidad.
La posición oficial y sus límites
Resultaron heridos 28 policías, dos de ellos de gravedad, con fracturas de cráneo, pómulo y nariz y la pérdida de un dedo por desprendimiento. Esa violencia ocurrió y corresponde juzgarla. Lemus la atribuye a unas 400 personas que, según su versión, llevaban el rostro cubierto y portaban bombas de gas, petardos con clavos, martillos, tubos y piedras. Hasta ahora no ha mostrado pruebas que las identifiquen, mientras que las familias de los detenidos hablan de jóvenes, profesores, estudiantes, trabajadores y artistas. Lo hecho por un grupo no justifica gasear una marcha cuyo frente lo formaban familias con niños y personas con discapacidad desde la Minerva, ni a los reporteros que daban cobertura. La CNDH reprobó el empleo de «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones», y la presidenta Claudia Sheinbaum expresó la distinción así: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».
Corresponde admitir que suspender el uso del agua de Las Pintas y acordar obras con la Conagua constituyen las primeras medidas de fondo. Pero llegaron luego de más de siete meses y de bloqueos viales, y Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, descarta una solución antes de marzo de 2027.
Requerimientos concretos
Del fiscal Salvador González de los Santos se espera que, dentro de 48 horas, publique la lista nominal de detenidos, explique la discrepancia entre 39 y 52 y libere a quienes no enfrenten una imputación sustentada. Del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, se requiere que en un plazo de diez días entregue a la CEDHJ los informes pormenorizados que exige la ley y señale quién ordenó el uso del gas. Del gobernador, que haga públicos los videos cuya revisión ordenó y las pruebas sobre el «grupo de choque», o bien retire la acusación.
Debería además Ismael Jáuregui presentarse ante el Congreso antes del 15 de octubre, cuando arranca el programa de rotación del servicio. El Congreso tendría que liberar las iniciativas de auditoría al SIAPA. El organismo y Salud Jalisco deberían publicar cada semana los análisis de calidad del agua por colonia, junto con los datos de enfermedad diarreica y dermatitis. Y las autoridades sanitarias federales, que son las únicas facultadas para decretar una alerta sanitaria de acuerdo con la Coprisjal, tendrían que aclarar si la emitirán.
